¿Me parece o casi ninguna autoridad o institución pública le ha salido al frente al alcalde de Lima por sus declaraciones en contra de la inclusión de Santa Rosa de Lima en el afiche del Festival Internacional de Cine LGBT+ de Lima 2023, el mismo que cierra actividades este fin de semana? Porque para Rafael López Aliaga, a la primera mujer americana proclamada como modelo de santidad para españoles, criollos, indios, negros y mestizos en el siglo XVII, y desde entonces convertida en símbolo social, político, histórico y cultural, todos la podemos hacer nuestra menos los gays.

Pues alguna autoridad pública tuvo que haber discrepado con López Aliaga porque así hable en nombre de lo que sienten los católicos por la santa, y así sean estos la gran mayoría, no puede como alcalde usar a la Municipalidad de Lima en desprecio de los fines comunicativos de una minoría, como los ciudadanos LGBT+, cuya situación se declara en nuestras políticas públicas como vulnerable y cuya lucha por el debido reconocimiento personal, civil y legal todavía no la asumimos del todo como sociedad. Es más, si la Municipalidad sabe de posibles agresiones contra el colectivo, lo que le toca es protegerlos y no restringirles sus libertades o derechos (mejor que los organizadores de la Marcha del Orgullo vayan solicitando desde ya la Plaza San Martín para el 2024 y 2025, a ver con qué otras excusas salen). ¿Algo así no le ha podido decir la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables?

Asimismo, ¿alguien del Ministerio de Cultura no le pudo decir a López Aliaga que sus opiniones compartidas con un muy importante grupo de ciudadanos son del todo respetables, pero en su condición de alcalde de Lima, de autoridad máxima de esta ciudad, llamado por voluntad popular a conducirla con grandeza, no puede “pedir el retiro inmediato”, mostrar su “absoluto repudio” ni negarle su calidad de publicada a una pieza informativa o artística de ningún evento cultural? La Iglesia, o la prelatura a la que pertenece, sí podría ─incluso debería─ mostrar su desconcierto o desacuerdo siempre y cuando el propósito sea el intercambio de ideas.

Pues alguna autoridad o funcionario público del sector cultura le ha debido explicar a López Aliaga que al enfrentarse como alcalde a un festival de cine en un país donde las actividades culturales apenas sobreviven en medio de una industria todavía bastante precaria, comete un claro atropello y una flagrante censura. Y con ello solo exhibe la misma prepotencia caleta de quienes se valen de contactos y presiones, o de la burocracia estatal de turno para negarle a lo que no les parece el derecho a lo público. La misma violencia, pues, que solo sirve para conservar o engendrar más fanatismos.

O tal vez alguien de su confianza familiarizado con lo que pasa en tanto expresiones culturales o artísticas le ha debido decir que las apropiaciones de los símbolos religiosos no deberían ser tomadas en ningún caso como una falta de respeto. Que más bien funcionan como factor de integración social (¿por qué Santa Rosa de Lima no será para los peruanos lo mismo que la Virgen de Guadalupe para los mexicanos?), que muchas veces han servido para desdramatizar nuestra relación con lo sagrado, que le han dado al arte valiosos aportes y a la historia una serie de episodios que por contraste nos permiten ahora comprender lo improductiva, cuando no ridícula, que es la censura. Que hoy, por ejemplo, nadie se sentiría, felizmente, jugándose la vida al publicar el dibujo que el artista británico Aubrey Beardsley hizo de Santa Rosa de Lima en el siglo XIX. O que hoy no seríamos tan indulgentes ─roguemos─ frente a iras como las del por entonces cardenal Juan Luis Cipriani, quien cerró una exposición a fines del siglo pasado porque consideró ofensivo el díptico de la artista visual Natalia Iguiñiz en que vincula el cuerpo femenino con la iconografía de la santa.

Una práctica, pues, que no se agota en lo religioso, sino que también se apropia de otros asuntos e historias ya solo para entretener ─son casi pan de todos los días por redes─ o también para proponer un pensar o mirar distintos. Y donde nunca falta la polémica, lo cual está muy bien. Pasó recientemente con una película dirigida al público infantil, a cuya protagonista la presentaron a diferencia de lo habitual con rasgos afrodescendientes. Y hubo opiniones para todos los gustos, sin embargo, a nadie se le ocurrió decir que con esa representación se ofendía a uno de nuestros personajes más queridos de la ficción o que “eso uno nunca dejaría que le hagan a nuestra madre”. Y será porque ya vamos entendiendo que no hay rasgos, colores ni elementos identitarios que manchen ni provoquen.

Al que por encima del saludable intercambio de pareceres le irrite o indigne que a su santo, ídolo o referente histórico o cultural lo representen en el espacio público con señas asociables a otra identidad es porque ve límites inexistentes en una ciudad cambiante y variada o porque cree que existen personas superiores a otras. Y sobre esa pretensión no hay buenas costumbres o ética pública que se sostenga.

Pero tal vez alguien podría decir que todo esto ya lo sabe el alcalde, y que lo que le ha pasado es que le han ganado sus prejuicios religiosos o la confrontación endiablada entre derechas e izquierdas. Pues con mayor razón los ministerios, instituciones, congresistas o regidores ocupados de la cosa pública en cultura, derechos humanos y afines deberían esforzarse por mostrar que la lucha contra la censura, por el libre uso del espacio público, y por el respeto a la función pública y a las minorías en situación de vulnerabilidad no tienen nada que hacer con los credos ni las preferencias políticas. Porque a lo que debemos llegar como sociedad es que ni la corrupción, ni la incapacidad patente de los funcionarios, ni la inclinación a favor de determinadas creencias distorsionen, ridiculicen o profanen el servicio al ciudadano.

Jorge Valverde Oliveros
Editor y activista cultural.